Guerra contra Ayuso: Sánchez quiere reformar la Constitución para exigir «lealtad» a las comunidades díscolas

La guerra abierta entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso ha sido constante desde el inicio de la pandemia por la confrontación de dos modelos de gestión radicalmente opuestos. Frente a las medidas restrictivas de Sánchez -y su impacto económico- Ayuso ha acumulado una enorme popularidad por haber preservado la actividad de la hostelería y otros negocios. Las diferentes estrategias han sido motivo de discrepancia política y cruces de acusaciones. Ahora, en plena ofensiva, el Partido Socialista ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados en la que arremete contra las comunidades autónomas ‘díscolas’ en la crisis pandémica. Aunque no menciona la Comunidad de Madrid, las alusiones son evidentes. En la iniciativa, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los socialistas se quejan de que el principio de «lealtad institucional» no esté perfilado en la Constitución.

«La Constitución Española no contempla en su Título VIII preceptos que recojan explícitamente el sentido de los principios de colaboración o coordinación ni los organismos de cooperación intergubernamental aplicables, en ambos casos, a la relación entre las diferentes administraciones del estado autonómico. Tampoco hay una definición de la lealtad institucional. Y, sin embargo, son instrumentos imprescindibles que hay que conjugar para el buen funcionamiento de un Estado descentralizado con una organización territorial articulada en comunidades autónomas», esgrime el partido de Pedro Sánchez en la exposición de motivos.

Con esta base, la Proposición No de Ley persigue reforzar el mecanismo de la Conferencia de Presidentes y otros órganos «para el diálogo, la cooperación y la participación de las comunidades autónomas en los procesos de formación de la voluntad del Estado».

En la propuesta se destaca que «la relevancia política que ha adquirido la Conferencia y los valores de solidaridad, coordinación y cooperación que representa, aconsejan dotarla de un mayor grado de institucionalización e incluirla en el texto constitucional -cuando se aborde la necesaria reforma de la Constitución- por su contribución clave al mejor funcionamiento de un Estado plural y descentralizado que tenga como eje la lealtad institucional».

Conferencia de Presidentes

La insistencia de los socialistas en la Conferencia de Presidentes no deja de resultar llamativa, teniendo en cuenta que el Partido Popular lleva semanas reclamando que se convoque ante el caos jurídico tras el fin del estado de alarma.

De hecho, los ‘populares’ registraron la pasada semana una Proposición No de Ley en el Congreso para pedir la celebración de este cónclave, recordando además que el decreto ley por el que el Gobierno declaró en noviembre el segundo estado de alarma recogía que, pasados cuatro meses, «la Conferencia de Presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma, previo acuerdo favorable del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los indicadores, sanitarios epidemiológicos, sociales y económicos». Esos cuatro meses expiraron el pasado 9 de marzo, sin respuesta alguna por parte del Gobierno.

«Diferencias partidistas»

La abierta confrontación de Pedro Sánchez con Díaz Ayuso se plasma en la iniciativa registrada en la Cámara Baja. «Los acontecimientos y la respuesta política de las administraciones durante la crisis, con sus tensiones y diferencias partidistas, han puesto en evidencia la importancia de buscar elementos de mejora de la organización territorial contemplada en la Constitución de 1978», señala el texto de los socialistas.

En este sentido, añade que la «consolidación» de la llamada «cogobernanza» como «sistema operativo de una democracia de participación y transparencia, exige promover un funcionamiento continuado y planificado de la Conferencia de Presidentes y las Conferencias
Sectoriales, al constatar que son órganos válidos de cooperación multilateral entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autonómicos que permiten incrementar la confianza y perfeccionar unas relaciones que deben estar presididas por la lealtad y la colaboración entre ellas».

El partido de Pedro Sánchez avisa de que es necesario «avanzar en una mayor concreción de las reglas democráticas de funcionamiento de este modelo» y que «la nueva normalidad política, sanitaria, económica y social que va a surgir tras la pandemia no puede afrontarse desde actitudes ancladas en la vieja normalidad política».

«Falta de cooperación»

Así, señala el PSOE, «a la insuficiente experiencia práctica sobre los procedimientos a seguir a la hora de tomar decisiones compartidas, mediante un sistema de gobernanza, se le añade un problema que arrastramos de falta de cultura de cooperación entre las partes».

Por ello, concluye, «es tiempo de desarrollar y poner en valor dichos órganos de cooperación multilateral y bilateral, con seguimiento de sus acuerdos, de modo que sirvan para fortalecer el principio de cooperación, paliar las carencias del Título VIII de la Constitución, ayudar a reducir la excesiva conflictividad, eliminar disfunciones en el sistema autonómico y lograr una mayor cohesión territorial».

En este sentido, se propone «promover el fortalecimiento» de la Conferencia de Presidentes y de «los demás órganos de cooperación»  mediante la creación de un secretariado permanente y «defendiendo un funcionamiento que busque acuerdos de consenso y que esté regido por los principios de colaboración, cooperación, solidaridad y coordinación, lo que contribuiría a la consolidación del principio de lealtad institucional».

Por otro lado, se pretende «avanzar en la consolidación del modelo institucional de gobernanza democrática para la toma de decisiones compartidas entre el estado y las comunidades autónomas, promoviendo un funcionamiento planificado y continuado de los órganos de
cooperación multilateral con el objetivo de lograr una mayor integración y cohesión del Estado autonómico y prestar un mejor servicio público a la ciudadanía, además de extender la gobernanza mediante procesos deliberativos de participación democrática a la sociedad, sus organizaciones cívicas y agentes sociales».

Ataques a Madrid

El Gobierno asume una batalla a largo plazo contra Díaz Ayuso. Una disputa que se prolongaría, al menos, hasta las próximas elecciones autonómicas y generales y que tiene una enorme relevancia política para el Gobierno y su estrategia contra la pandemia.

De ahí que los ataques se centren en esta comunidad. La pasada semana el Ejecutivo salió en tromba a culpar a la región del veto de Reino Unido a España como destino turístico seguro. OKDIARIO reveló, en cambio, que este país considera además otros criterios, como el avance de la vacunación o el impacto de las nuevas cepas.

«Llega una comunidad con una presidenta que dice que lo que importa en este país es la libertad. Que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros, que lo que importa es la movilidad cuando les dé la gana», criticó la ministra de Exteriores Arancha González Laya.

Ayuso ha sido pionera en numerosas medidas contra el Covid, como el uso generalizado de las mascarillas FFP2, más seguras, los test masivos de antígenos o la exigencia de las pruebas PCR a los turistas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que promoverá una comisión de investigación sobre el aeropuerto de Barajas, para determinar su relación con los contagios. Ayuso viene tiempo reclamando controles más estrictos sobre los viajeros, foco de entrada de las nuevas variantes peligrosas.